Todos los que hemos sido formadores desde hace unos años, recordaremos aquellos magníficos (quizás hasta en ocasiones, desorbitados) honorarios.
Al transcurso de los años, hemos ido viendo como inversamente proporcional al IPC, nuestros sueldos se han ido modificando, llegando al abuso desatado en este último año.
Contamos esto, ya que justamente estos días hemos recibido una llamada de una consultora nueva con la que no habíamos trabajado antes, pero con la que hemos mantenido un contacto para darnos a conocer. Esta empresa nos proponía impartir un curso relacionado a nuestro perfil profesional por el precio de 16 euros brutos la hora y sin asumir los seguros sociales, es decir, que por autónomos.
Cuando uno hace los cálculos y resta a esos 16 euros, el coste del desplazamiento y el de los seguros, el asunto queda por 10 euros, cantidad que resulta ser, además de una tomadura de pelo y un abuso descarado, un verdadero peligro para la calidad de la acción formativa en sí.
1.
- La experiencia (y corríjannos nuestros colegas si no estamos en lo cierto) es que una hora de clase presencial supone al menos tres horas de trabajo fuera del aula. Esto significa que si un curso es de 20 horas, el docente habrá de contar 60 horas mínimas de dedicación, siempre y cuando tenga el material de cursos anteriores y simplemente deba adaptarlo.
2.
- Un hora de clase presencial es para un docente un trabajo realmente intenso. De hecho, creo que todos los que nos dedicamos a esto de la formación sabemos que no hay quien resista más de 6 horas de clase al día (porque a eso sumamos el tiempo de preparación, corrección y revisión fuera del aula).
3.
- Los formadores, además de poseer una cualificación y una experiencia docente, es una obligación a tener una cualificación en el área en la que formamos, de modo que un formador del área de finanzas es economista o diplomado en empresariales y además tiene experiencia como financiero. Que este profesional esté cobrando 10 euros por una hora de trabajo presencial nos resulta burlesco.
4.
- Los participantes de un curso, se merecen la máxima calidad, ya que o bien pueden estar en situación de desempleo o bien necesitan adquirir unas competencias necesarias para sus puestos de trabajo. Según la LOE (2006) de la educación dependen tanto el bienestar individual como colectivo, al ser la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos. Si la administración pretende formar a individuos para que aporten riqueza a la nación, deberán primero ser conscientes de lo que está ocurriendo con uno de los agentes responsables de ese proceso tan importante. Es lógico deducir que habrá que ser justos con ellos, con nosotros los formadores. Y siendo justos, poder exigirnos lo que es nuestra obligación como profesionales, a los que nos apasiona la enseñanza. La situación real es que los formadores están ofreciendo una labor digna de esos 10 euros…
Por último…
Volviendo a lo ocurrido, finalmente, nuestra opción era esa: aceptar ese mísero e injusto honorario y limitarnos a impartir un curso mediocre. Pero no podemos sentar precedente, hay injusticias que uno no debe aceptar mientras sea posible. Se propuso una oferta, que no fue aceptada, por lo que nos despedimos muy amigablemente y hasta pronto…hasta que paguéis lo que es justo.
¿Será también que la calidad el curso les importaba un bledo?
